Ley Reforma de la Administración Local.

                                


 
CDC DENUNCIA PÉRDIDA DE AUTONOMÍA LOCAL CON LA ENTRADA EN VIGOR DE LA LEY DE REFORMA DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL
Diez Entidades Locales y doce municipios pierden su identidad en la provincia de Cádiz, reforzando el poder de la Diputación y alejando los servicios de los ciudadanos, entre ellas, siete pertenecen al distrito de Jerez
                Una nueva reforma de Ley por imposición, sin apoyo de nadie, salvo del PP que una vez más utiliza su mayoría absoluta para gobernar de espaldas a los intereses de los ciudadanos y cultivando el clientelismo político.
                La reforma de la Ley, con unos objetivos comprensibles pero cuyo contenido se ha encargado de desvelar la verdadera naturaleza de la misma, pone en riesgo evidente al empleo público y a las empresas municipales, muy especialmente a las que ofrecen servicios en áreas como Servicios Sociales o Educación, además de Igualdad.
                Los recortes previstos por la nueva Ley superan los 3.400 millones de euros en el conjunto del territorio nacional, de los que más de 1.300 corresponderán a pérdida de empleo en las empresas públicas y por tanto una reducción en el número de prestaciones y servicios a las personas con mayor dificultad.
                La gestión integrada y las fusiones de municipios prevén un nuevo recorte de casi 1.100 millones de euros, viéndose afectadas en la provincia poblaciones como La Barca, Estella, Guadalcacín, Nueva Jarilla, Facinas y otras, hasta un total de 10 en Cádiz y 42 en la comunidad autónoma de Andalucía.
                Otros municipios podrán optar por la fusión si sus cuentas no dan superávit, es decir los menores de 5.000 habitantes, como podría ser el caso de El Bosque, Benaocaz, San José del Valle, Grazalema, Zahara y siete más.
                Para CdC esta Ley es un “ataque frontal a la autonomía local y pone en peligro la calidad de los servicios básicos”, asimismo, “da poder a las administraciones más opacas, las diputaciones, actualmente en manos del PP, creando redes de clientelismo político para el desarrollo de obras, servicios y actividades propias que hasta la fecha han ejercido los ayuntamientos”.
                A esta ley se han opuesto todas las fuerzas políticas e incluso las federaciones nacionales de vecinos, pero el Gobierno ha hecho caso omiso a las enmiendas y a las opiniones de todas las entidades sociales y políticas de este país y la ha sacado adelante ejerciendo el rodillo político que le da su mayoría en el Congreso y el Senado.
Los 8 mil millones de recortes en los próximos cinco años traerán más desempleo en el sector público y pondrán en riesgo la estabilidad y la seguridad de miles de empleados que verán mermados sus derechos laborales con la entrada en vigor de la reforma laboral.